La oficina de Tivon Schardl se encuentra ubicada en un despacho de abogados a una cuadra del Capitolio de Texas en Austin, la capital. No hay nadie más que él. El resto del personal ha decidido no acercarse al centro de la ciudad para evitar la conglomeración y el tránsito vehicular que genera uno de los festivales más importantes del país que se lleva a cabo en esta época cada año.
En la puerta de su despacho hay varias frases escritas en pedazos de papel adheridas con cinta adhesiva. Una de ellas llama la atención. Dice:
“Nosotros, como abogados penalistas, nos vemos obligados a tratar con algunas de las personas con más bajo nivel del mundo, personas que irán a los tribunales para obtener lo que quieren, personas a las que no les importa quién sale lastimado en el proceso. Es nuestro trabajo, nuestro sagrado juramento como abogados defensores penalistas, proteger a nuestros clientes de esas personas”.
Captura del interrogatorio a Melissa Lucio efectuado por efectivos policiales antes de su arresto en 2007.
La cita es de Cynthia Roseberry, directora adjunta de Políticas y Promoción de Políticas Nacionales de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Schardl forma parte del grupo de abogados en el caso de Melissa Lucio, la hispana acusada del asesinato de su hija de dos años en 2007 y condenada a muerte en 2008. Su ejecución está programada para llevarse a cabo el miércoles 27 de abril de 2022. El tiempo corre y se acaba, es una lucha contra el reloj.
—Si Melissa Lucio no mató a su hija, entonces, ¿quién es el responsable?
— Mariah, la hija de Melissa, murió a causa de un accidente. Cayó de unas escaleras empinadas en el departamento donde vivían. Uno de los hermanos le comentó eso a los de CPS (Child Protective Services o Servicios de Protección al Menor) y varios familiares corroboraron esa versión con la policía: que se cayó de las escaleras y sufrió un trauma encéfalo craneano. Tanto Melissa Lucio como el padre de Mariah, Robert Álvarez, no se dieron cuenta de la gravedad del asunto ni tampoco se dieron cuenta de la conexión entre la caída y la salud de la niña. Mientras su salud empeoraba, solo atinaron a cuidar de ella toda la noche y no la llevaron a un hospital. Y por eso murió.
Abogado penalista Tivon Schardl en su despacho en Austin (Texas) / Foto: José Luis Castillo
—Robert Álvarez fue condenado a cuatro años de cárcel, mucho menos de la condena que recibió Lucio. ¿Acaso no tiene la misma responsabilidad? ¿Por qué son tan diferentes las condenas?
—Robert Álvarez tenía la misma responsabilidad de cuidar a Mariah que Lucio, ambos se quedaron toda la noche velando por su salud previo a su muerte. Fue hallado [Álvarez] culpable de omisión por auxiliar a un menor en peligro porque no la llevó a un hospital. No sé si él hizo lo correcto o no, tampoco creo que existió algún tipo de negligencia criminal. Pero si la hubo, no tiene sentido que el estado de Texas castigue al padre con cuatro años de prisión mientras que a la madre la condene a ser ejecutada. Es ridículo.
—Entonces, ¿a qué se debe esa disparidad en las condenas?
—No lo sé. Melissa Lucio no tenía antecedentes de violencia antes de este caso. Lo único que hizo fue dar un testimonio falso porque existió coerción en el interrogatorio, pero si sacas esa parte de la ecuación, ella no tiene un historial de violencia. Está en el corredor de la muerte a punto de ser ejecutada y el padre de Mariah, quien sí tenía antecedentes por violencia doméstica, solo cumplió cuatro años en prisión y ahora goza de libertad. Para nada es un golpe para Robert Álvarez. Eso es una condena al sistema de justicia.
Fotografía de Robert Antonio Álvarez tomada del archivo policial del Departamento de Policía de Harlingen (Texas) con fecha del 18 de febrero de 2007.
En la segunda parte de esta entrevista, Schardl reprocha los métodos utilizados por la fiscalía que impidió la presentación de evidencia por parte de la defensa, la cual pudo haber cambiado el rumbo que tomó el jurado que condenó a Melissa Lucio a la pena de muerte.
