Para algunos activistas, la situación de vulnerabilidad por desalojo que viven muchos inquilinos de bajos recursos en Texas y en el resto del país es muy similar, en la actualidad, a la de los primeros meses de la pandemia por el coronavirus. Por eso, es urgente una reforma legislativa para proteger a los que están a punto de quedarse sin techo.
Julia Orduña, directora regional de la organización sin ánimo de lucro Texas Housers, cree que la revisión a las leyes aplicables a los casos de desalojo forzoso por falta de pago debe hacerse pronto, específicamente por la forma como se lleva a cabo el proceso judicial de los desahucios inmobiliarios.
—Hemos visto que una reforma es necesaria, en gran parte, porque las cortes encargadas de estos procesos están saturadas de casos que impiden un desenvolvimiento más idóneo y equitativo. Otro factor puede ser que los magistrados llevan décadas en este tipo de cortes y quizás no aplican las normas con la exactitud del caso y, por ende, sus líneas de cuestionamientos son más laxas.
Entonces, ¿cómo crear un proceso de desalojo judicial que sea imparcial y que beneficie por igual a los propietarios de inmuebles como a sus inquilinos?
De acuerdo con Michael Depland, también de Texas Housers, está en las manos de las organizaciones cívicas y comunitarias que defienden los derechos de los menos favorecidos apoyar los cambios necesarios para que el legislativo los apruebe y luego sean ejecutados por el poder judicial.
—Va a tomar mucha participación por parte del público también para que exija reformas a sus autoridades locales y estatales y eso implica escribir cartas a sus representantes y estar presentes en las reuniones comunitarias que se llevan a cabo sobre el tema.
Número de viviendas que recibieron asistencia a través de programas de emergencia en Texas hasta el 31 de diciembre de 2021. Aún hay gobiernos locales que no han gastado esos fondos. Fuente: Texas Housers / Gráfico: La Esquina
INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE
Al inicio de la pandemia, se instauraron en el estado de Texas varios mecanismos de protección al inquilino por falta de pago. Dos años más tarde, esas normas son casi inexistentes.
En su momento, el Gobierno federal prohibió los desalojos a través de una moratoria que rigió bajo la autoridad de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC) que se renovó varias veces hasta julio del año pasado.
La Corte Suprema de Texas también implementó medidas que prohibían los desalojos por falta de pago en la gran mayoría de los casos. Los gobiernos locales pusieron en funcionamiento sistemas de ayuda económica que otorgaban fondos equivalentes a dos a tres meses de renta, siempre y cuando calificaran. Todas esas protecciones ya se han agotado.
AUTODESALOJOS E INDOCUMENTADOS
Mitzi Ordoñez, de Texas Organizing Project en Houston (Texas), educa a la comunidad acerca de sus derechos como inquilinos y las protecciones que existen.
Según comentó, durante el inicio de la pandemia se dieron cuenta de que los desalojos se habían concentrado no solo en una población latina o afroamericana de escasos recursos, sino también en un estrato social-económico conformado por blancos que habían perdido sus ingresos por recortes de horas de trabajo y despidos.
A ello, hay que sumarle la falta de beneficios de salud debido a los contagios por coronavirus y enfermedades relacionadas.
—Creo que por eso le pusieron más atención (e implementaron programas de ayuda).
Sin embargo, a dos años de la pandemia, la realidad, según Ordoñez, es que el alto número de desalojos por la falta de protección y programas está conectado a los salarios bajos y al incremento de las rentas, las cuales se han disparado en los últimos meses.
La activista asegura que muchos hispanos en calidad de indocumentados abandonan cualquier esperanza de lucha judicial por su estatus migratorio.
—Ir a corte los intimida y no acuden a las audiencias. Hay muchos inquilinos que tienen casos pendientes de deportación y lógicamente tienen miedo a lo que les pueda suceder. Otro problema es el idioma, porque muchas cortes no tienen servicio de interpretación accesible.
Por ese motivo, Ordoñez sustenta que mucha gente “prefiere el autodesalojo” y no seguir el proceso judicial que podría darle un poco más de tiempo para ponerse al día o quedarse en esa vivienda o departamento.
—Por eso creemos que las cifras de desalojos no reflejan la realidad de nuestra comunidad.
LAS CIFRAS
Según Texas Housers, las órdenes judiciales por desalojo en Texas aumentaron 31% en enero de este año en comparación con el mes anterior.
De acuerdo con January Advisors, una empresa que lleva la logística de las solicitudes de desalojo en el condado Harris —el más grande de Texas—, del 1 de enero al 29 de marzo de 2022 se han tramitado 18,778 desahucios inmobiliarios, y de esa cifra solo el 1.02% tuvo representación legal en corte.
Distribución de fondos a través de programas de asistencia por emergencia (ERA, en inglés) en el estado de Texas por raza y etnicidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Fuente: Texas Housers / Gráfico: La Esquina
